La Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de la Comunitat Valenciana (FECOVI) ha estado presente recientemente en una reunión en la que la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, María José Salvador, ha informado a los colectivos vinculados con el acceso a la vivienda y el alquiler, sobre las medidas en las que está trabajando el Gobierno valenciano para «evitar subidas excesivas y desorbitadas de los precios de alquiler».
A esta reunión con la consellera, han asistido los directores de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rafael Briet; del Instituto Valenciano de la Edificación, Begoña Serrano, y de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, Laura Soto.
María José Salvador se ha reunido con representantes de inquilinos/as de vivienda pública, de promotores, administradores de fincas, empresarios de la edificación y profesionales del sector, colegios profesionales, consumidores y afectados/as por las hipotecas, entre otros, para trasladarles las medidas que va a impulsar la Conselleria para conseguir «garantizar el derecho a la vivienda, especialmente en alquiler, ante la dificultad de muchas personas para independizarse o acceder a una vivienda por el incremento de precios en algunas zonas de la Comunitat».
Cabe señalar que a esta reunión asistió como representante de la Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de la Comunitat Valenciana (FECOVI), Fernando Francés, vocal del Consejo Rector de la entidad.
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana explicó que se está trabajando ya en la elaboración del Índice de Referencia de Precios de Alquiler y en diferentes medidas contempladas en la Ley por la Función Social de la Vivienda, para luchar contra la burbuja del alquiler.
Derecho a una vivienda digna
La consellera ha subrayado que el Gobierno valenciano «ha reconocido la vivienda digna, adecuada y asequible como un derecho subjetivo» y ha asegurado que, en estos años, se ha trabajado intensamente para «reformar las viviendas del parque público, aplicar criterios sociales para acceder a las viviendas protegidas; resolver, adjudicar y pagar las ayudas al alquiler y las ayudas a la rehabilitación».
Elaboración del índice de referencia
Además, ha incidido en que «el trabajo va a continuar ahora con la elaboración de un Índice de Referencia del Precio del Alquiler basándose en la referencia de ciudades como Berlín o París, es decir, con una limitación de precio de alquiler por un tiempo determinado para regular los precios y con el objetivo de evitar que se disparen de manera excesiva los precios como ha ocurrido en algunas zonas», ha indicado.
Para elaborar este índice se realizará un estudio para ver las zonas más tensionadas y «se tomará como referencia los precios que se pagan en cada punto del territorio, se tendrá en cuenta el tamaño, la ubicación y calidad de la vivienda y se establecerá una horquilla de precios con cierto margen y porcentajes para que no se superen», ha recalcado Salvador.
La consellera ha explicado que la Generalitat ya ha trasladado al Ministerio la petición para que realice las reformas legales oportunas para que este índice pueda ser vinculante pero mientras tanto servirá de referencia para aquellas personas que quieran acceder a una vivienda».
De hecho, la consellera ha asegurado que «estamos pidiendo a la iniciativa privada el esfuerzo que ya hemos hecho desde la administración, en nuestro parque público social para personas que están en situación de vulnerabilidad aplicamos unos precios de alquiler entre 50 y 100 euros y en las VPO que también hemos aplicado criterios sociales, los precios a están entre los 100 y los 350 euros en ciudades como València».
Incentivos
Paralelamente a la elaboración de este índice, la consellera ha anunciado que se están estudiando medidas de carácter incentivador y ventajas para aquellos propietarios que pongan sus viviendas en alquiler acogiéndose a estos precios de referencia «como beneficios fiscales, que tengan prioridad en las ayudas a la rehabilitación, o implicar a los ayuntamientos para que los propietarios tengan bonificaciones a través del Impuesto de Bienes Inmuebles».
Declaración de viviendas vacías
La consellera ha hecho referencia a que con este índice «se podrán conocer las zonas tensionadas, donde se priorizará el procedimiento para identificar la declaración de viviendas vacías en el desarrollo de la Ley por la Función Social del Vivienda, que también establece mecanismos para movilizar todo el stock de viviendas vacíos que tiene la Comunidad Valenciana».
Los artículos de esta ley que hacían referencia a las viviendas vacías fueron recurridos por el anterior Gobierno central. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dictaminado a favor de la ley valenciana y ya se pueden, por tanto, aplicar.
Según Salvador, «el primer paso será analizar y revisar los datos que nos han proporcionado once grandes tenedores de vivienda, que suman un total de 7.315 viviendas, para ver cuáles se pueden declarar deshabitadas y así empezar el proceso para que se puedan poner en alquiler».
Fuente: FECOVI